lunes, 20 de febrero de 2017

SAN PEDRO DE MACORÍS. La comisión designada por el presidente Danilo Medina, para investigar las ventas irregulares de terrenos, que provocaron el asesinato de dos locutores, al suicidio de su homicida y la herida de una secretaria, debe ampliar su radio de acción hasta otras ciudades del Este, donde supuestamente el Consejo Estatal del Azúcar, a través de su oficina Inmobiliaria, habría “vendido y repartido como piñata” de manera irregular unas 18 mil tareas a altos oficiales militares y policiales, así como a empresas ligadas al sector azucarero y funcionarios del presente gobierno.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el Este, al denunciar la situación con la tierra del Consejo Estatal del Azúcar, pidió al propio tiempo que la comisión ordenada por el decreto presidencial 44-17, debe alargar el brazo e investigar la “venta o el reparto como piñata” de más de 18 mil tareas a generales militares y policiales en Hato Mayor, Bayaguana, Boca Chica, El Seibo y San Pedro de Macorís.
Según el documento firmado por José Guzmán, vicepresidente a nivel nacional, para la CNDH, el reparto de las tierras del CEA se inició con el proyecto de Capitalización de las Empresas del Estado, en 1997, durante el primer gobierno de Leonel Fernández, siguió con Hipólito Mejía, pero asegura que “es más marcada la acción delictiva en el presente gobierno”.
Conforme a lo denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos, las tierras que pertenecieron a los ingenios Boca Chica, Quisqueya, Porvenir, así como en Bayaguana y Monte Plata, se la repartieron por influencias políticas.
Guzmán dijo que la comisión investigadora debe profundizar sobre un supuesto reparto de miles de tareas de tierras que se habría hecho en la comunidad ganadera de Capote, sección Don López, Hato Mayor del Rey.
Afirmó que de igual forma se debe investigar la denuncias de ciudadanos en el municipio Consuelo, a seis kilómetros al norte de San Pedro de Macorís.
La nulidad
La comisión entiende que la venta a precio de vacas muertas de las tierras del CEA es ilegal y el Presidente debe declarar nula todas las operaciones contrarias a la Ley 141-97, sobre Capitalización de las Empresas Públicas.
Sugirió que con la anulación de las ventas irregulares de tierras, hechas por la Inmobiliaria del CEA, el presidente debe incorporar las tierras estatales a un proyecto nacional de producción, como una forma del Estado reinventar el campo dominicano y hacer posible una nueva unidad productiva.

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