Los científicos concuerdan en que hay una falta de seriedad sobre el tema entre los responsables de gestar y ejecutar la política pública del país.
Seilhamer justificó la contradicción de su historial con la legislación señalando que con el paso del tiempo se ha educado sobre el cambio climático y ha visto su impacto concreto.
Por Emmanuel Estrada López y Maricelis Rivera Santos | Centro de Periodismo Investigativo
Puerto Rico ha enfrentado cada año al menos un evento extremo durante los últimos ocho años. Huracanes, sequías e inundaciones han causado estragos multimillonarios a través de toda la isla, y el 92% de los municipios costeros han registrado pérdida de playas.
Los gobiernos de Puerto Rico sabían la seria amenaza que enfrentaba la isla. Tanto así que bajo los dos partidos que han gobernado desde 2005 hasta hoy se radicaron 62 medidas desde el Legislativo o el Ejecutivo para atajar el problema de los esperados impactos del cambio climático en la isla. Ninguna se ha traducido en acción, evidencia una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI).
Mientras tanto, los eventos extremos habrán costado más de $144 mil millones en los pasados 20 años — una cantidad similar a la deuda pública de Puerto Rico si se incluyen las pensiones — según los datos provistos por Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Desastres (AEMEAD).
La medida más reciente para “atender las preocupaciones relacionadas con el cambio climático”, el Proyecto del Senado 773, fue radicada en diciembre por Lawrence Seilhamer, un senador que avaló derogar la única ley que ha logrado aprobarse sobre el tema, la Ley 246 de 2008. Este estatuto, firmado por el gobernador popular Aníbal Acevedo Vilá, ordenaba crear un ente independiente llamado Comité de Expertos de Cambio Climático que hiciera un Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático para Puerto Rico, pero fue eliminado dos años más tarde con el voto unánime de los senadores de ambos partidos sin que sus disposiciones fueran puestas en vigor.
Ahora Seilhamer propone un nuevo proyecto de ley que en buena medida tiene los mismos elementos que estaban en la ley que se eliminó hace una década. Según varios expertos consultados, la propuesta no atiende asuntos cruciales relacionados al cambio climático que han afectado a Puerto Rico durante el transcurso de esos 10 años como la erosión costera y falla en lo más vital: el plan de adaptación para reducir la vulnerabilidad de la población ante los efectos que ya son una realidad en la isla.
También propone medidas que resultan improbables en cuanto al desarrollo de energía renovable en la isla, basado en la experiencia histórica de incumplimiento en el renglón. La meta existente es de 12% para el 2019, y al presente solo se genera un 2%. El legislador propone que la meta se aumente a 33% para el 2035.
Seilhamer justificó la contradicción de su historial con la legislación señalando que con el paso del tiempo se ha educado sobre el cambio climático y ha visto su impacto concreto.
